La Censura
Política

PRI denuncia uso de recursos públicos para promover a AMLO

Los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados  denunciaron la utilización de la información institucional, en páginas oficiales y redes sociales del gobierno federal.

Para la promoción personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando ello puede constituir un delito por el posible desvío de recursos públicos.

“Para la fracción parlamentaria del PRI es lamentable que instituciones del gobierno federal hagan uso de la estrategia de comunicación social para impulsar la imagen y nombre del Presidente de la República”.

Por lo que hace un llamado al Ejecutivo nacional a circunscribirse al marco jurídico y no utilizar las herramientas de comunicación.

“No incitar a la violencia, ni transmitir más mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”, remarcó.

Apoyo en redes de funcionarios con cargos dentro del gobierno

Esto en relación al tema del combate al robo de combustible, al menos dos secretarías han utilizado sus cuentas oficiales.

Para solicitar y promocionar el apoyo para Andrés Manuel López Obrador, acusaron los legisladores priistas.

Como ejemplo señalaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Que el pasado 10 de enero publicó en la cuenta oficial de una red social el mensaje “apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Este mensaje se acompañó de una tarjeta con el logotipo del gobierno de México y el Escudo Nacional, así como la utilización de la imagen de héroes patrios.

Mientras que, la Secretaría de Economía difundió el pasado 11 de enero el tuit

“Apoyemos al presidente @lopezobrador_ #NoAlHuachicoleo #NoMasCorrupción #HagámosloJuntos”, seguido de los logotipos oficiales de la dependencia y el Escudo Nacional.

Violación a la Constitución

La bancada del PRI en el Palacio de San Lázaro advirtió que esos hechos representan una violación a la Constitución.

La cual establece que la propaganda de los poderes públicos debe tener carácter institucional y debe emprenderse para fines informativos, educativos y de orientación social.

Asimismo es una transgresión a la Ley General de Comunicación Social que, en su artículo 9, establece que las campañas de comunicación social.

No podrán tener como finalidad “destacar de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, o bien, incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”.

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