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En prisión preventiva exalcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos y dos exregidores por el desvío de más de 9 millones de pesos

El Ministerio Público presentó como pruebas, 13 mil 709 recibos de trabajadores de Sapac donde se evidenciaban los descuentos hechos los cuales no fueron entregados al ICTSGEM

En prisión preventiva exalcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos y dos exregidores por el desvío de más de 9 millones de pesos

La Fiscalía Anticorrupción imputó a Francisco Antonio Villarroel, exalcalde de Cuernavaca, por estar relacionado con el desvío de más de 9 millones de pesos; dinero de las aportaciones que realizaron empleados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).

En consecuencia, la Fiscalía Anticorrupción logró que un Juez concediera prisión preventiva para el exalcalde y dos exregidores, Anayeli Fabiola “N” y Enrique “N”, integrantes de la Junta de Gobierno.

Desvío de fondos de empleados de Sapac que no fueron entregados al ICTSGEM

El agente del Ministerio Público presentó como parte de su investigación 13 mil 709 recibos de trabajadores donde se evidenciaban los descuentos que les hacían a los trabajadores, los cuales no fueron enterados al Instituto de Crédito.
Además fueron exhibidos movimientos bancarios como prueba que respalda lo establecido en los recibos.
De acuerdo a la investigación relacionada con la causa penal JC/385/2022, sin motivo justificado, desde la primera quincena de enero del 2019 a la primera de octubre del mismo año, se retuvieron las cuotas generando una afectación de 9 millones 147 mil 482 pesos, de los cuales, 2 millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra Sapac por no pagar las cuotas.
Al momento de girada la orden de aprehensión el exedil de Cuernavaca se encontraba interno en el Hospital Morelos, tras un presunto accidente automovilístico, que le impidió estar presente en la audiencia de vinculación, por lo que la orden fue ejecutada en pleno respeto de sus derechos humanos.
En el caso de los exregidores, estos últimos fueron ingresados de forma inmediata al penal de Atlacholoaya.
Además, el juez dio un mes para el cierre de la investigación.

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