Cada fin de semana la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca en conjunto con otras autoridades como Protección Civil, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), Ejército, y Guardia Nacional en algunos casos, llevan a cabo operativos por todo el municipio con el objeto de regular y ordenar al comercio.
Especialmente aquellos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, en función de que en un importante número son denunciados de trabajar de forma irregular y causan la molestia de la ciudadanía por ocupar la vía pública para el consumo de sus productos y hasta como estacionamiento.
En tal sentido, el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, confirmó que a raíz de la pasada administración, en la capital del estado se ha vuelto una constante encontrar establecimientos que no respetan los horarios de atención establecidos, la capacidad de usuarios, que transgreden los niveles de volumen máximos en música y que utilizan las vialidades como parte de sus negocios.
El funcionario destacó que los operativos arrancaron desde el primer día de la administración de José Luis Urióstegui y que hasta la fecha han realizado 19 inspecciones.
Dijo que cerca del 45% de los negocios inspeccionados se encuentran operando irregularmente, en avenidas como Teopanzolco, Río Mayo, Avenida Universidad y en el propio centro de la ciudad, particularmente en Boulevard Juárez, a quienes se les condiciona a que, si no se regularizan, su licencia será cancelada.
“Ya se venía haciendo una costumbre que cualquier persona sacará una mesita al exterior y empezará a expender alcohol en la vía pública teniendo en su momento un establecimiento supuestamente adecuado para ellos. Al no cumplir con los requisitos nos obligan a llevar a cabo cada fin de semana los operativos”, indicó.
Aclaración
Como parte de la política pública de cero tolerancia a la corrupción en este proceso de regularización y ordenamiento, la Secretaría del Ayuntamiento publicó a través de redes sociales las fotografías de dos personas que se presentaban en establecimientos comerciales y terrenos en construcción ostentándose como supuestos supervisores o verificadores de Normatividad del municipio, aunque no son trabajadores del Gobierno Municipal ni tampoco contaban con alguna encomienda oficial para ningún tipo de procedimiento administrativo sancionatorio.
