El Ayuntamiento de Cuernavaca ofreció una disculpa pública a las personas afectadas por la actuación de la policía durante la manifestación contra la violencia vicaria y sustracción de una menor el 14 de abril pasado, donde la Seprac detuvo a cuatro mujeres por vandalizar monumento de la paloma de la Paz en Cuernavaca y dos hombres por intentar arrollar a elementos policiales
El alcalde de la capital de Morelos, José Luis Urióstegui, envió un mensaje a través de un video grabado donde aseguró que la Policía debió preservar los derechos de los y las manifestantes.
Asimismo, manifestó que desde el ayuntamiento asumen un compromiso con la afectada por la sustracción de la menor, la señora Meztli Salgado, de apoyar con la policía y el área de comunicación social del municipio, para difundir la información que ayude a localizar a la menor, Nikté.
De la misma manera, dijo que se compromete a que toda persona que requiera ayuda para la localización de personas tenga a disposición las redes sociales del Ayuntamiento.
A efecto de evitar que en el futuro personal del Ayuntamiento, policíaco o no, violen los derechos humanos y de género, grupos feministas impartirán cursos al personal en cuanto a conciencia, lenguaje y comportamiento adecuado que facilite la comunicación y preserve los derechos de todas las personas.
Urióstegui Salgado resaltó que las personas que fueron aseguradas el pasado 14 de abril no sufrirán ninguna represalia por parte del personal del Ayuntamiento y además, procurarán llevar a cabo una reparación integral de los daños sufridos.
Agregó que quienes fueron afectados «no son delincuentes, son manifestantes que estuvieron exponiendo en un lugar público lo que estiman conveniente para apoyar en la localización de su menor hija Nikté”.
Acciones a realizar por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca
En cuanto a las acusaciones que han hecho las manifestantes sobre un abuso de la Policía y una orden para llevar a cabo el aseguramiento, «El Ayuntamiento de Cuernavaca basado en las denuncias que se presenten formalmente ante la Contraloría llevará a cabo una investigación para determinar si existió responsabilidad de alguna o algún servidor público que amerite una sanción», explicó el mandatario local.
Informó que mientras se desarrollen las investigaciones, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, y los elementos policiales que participaron directamente en el aseguramiento, estarán sometidos a una investigación.
«El Ayuntamiento reconoce que las activistas y toda persona que se manifiesta públicamente para visibilizar conductas de las autoridades que atentan contra los derechos humanos, merecen el respeto y coadyuvancia en la preservación de su integridad corporal», concluyó el alcalde, José Luis Urióstegui
