México reprocha a la ONU por calificar el caso Iguala sin que haya concluido

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En un hecho inusual, el gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en Ginebra, Suiza, que su representación en México no respetó un acuerdo de no emitir declaraciones concluyentes sobre el caso Iguala.

En el escrito que hicieron llegar al alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, informa que las declaraciones que se hayan obtenido bajo tortura, por la desaparición de los 43 normalistas, no deberán ser tomadas en cuenta, ya que fueron obtenidas bajo presión.

Una misiva conjunta, emitida por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República, indica que haber dado a conocer, el 15 de marzo, el documento “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, por Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resultaron anticipadas y podrían afectar el resultado de las pesquisas.

Asegura representantes que la revelación de este documento desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la oficina en torno al asunto.

El documento que consta de 23 páginas que hicieron llegar por medio de la misión permanente de México ante los organismos internacionales, con sede en Ginebra, destaca que el informe de Jan Jarab “carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’, como su mismo título lo describe”.

En el informe que dio a conocer el representante en México de la ONU-DH indica que de los 129 detenidos, al menos 34 presentan fuertes elementos de que sí fueron  sometidos a tortura.

Además, el gobierno mexicano informó que  con respecto a las pruebas de Estambul aplicada a 34 detenidos por el caso Iguala, dos arrojaron evidencia de tortura física, 26 dieron negativo, cuatro no aceptaron la aplicación del protocolo, uno ya fue procesado por otro delito y uno más está pendiente de emisión del dictamen.

En ese sentido, mencionó que, como lo establece el informe (de la ONU-DH en México), todas las pruebas que fueron obtenidas a través de la comisión de actos de tortura, debidamente comprobados, no podrán ser consideradas para el seguimiento del caso y la integración de las respectivas causas penales.