Gobierno de EPN no quiere que haya comisión para la verdad sobre Ayotzinapa

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Demonstrators march with crosses with writing that reads in Spanish "Narco Cops" in protest for the disappearance of 43 students in the state of Guerrero, in Mexico City, Wednesday, Nov. 5, 2014. Federal police detained yesterday Iguala Mayor Jose Luis Abarca and his wife, Maria de los Angeles Pineda, who are accused of ordering the Sept. 26 attacks on teachers' college students that left six dead and 43 still missing. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Al menos diez instancias federales, incluidas la Presidencia de la República, las secretarías de Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, tratan de impedir mediante una lluvia de amparos la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (CIVJ), ordenada por un Juez de Tamaulipas, la cual permitiría saber con certeza lo ocurrido a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Las instancias argumentan que la implantación de dicho mecanismo sería inconstitucional porque “invadiría las atribuciones del Ministerio Público”, violaría la separación de poderes y que “no fueron llamadas a juicio” para crear la referida Comisión de Investigación. 

En conjunto, de acuerdo con el semanario,firmaron un documento en el que reprochan que se les den “facultades ilimitadas” a dicho organismo.

El secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, exigió en el mismo texto que se revoque la resolución del juez, ya que la comisión “representa un riesgo para las actividades operativas que tiene encomendadas el Instituto Armado”.

Igualmente, alegan que no se le puede dar un presupuesto a la Comisión, ya que se “invadirían las facultades” de la Secretaría de Hacienda y esto “afectaría la viabilidad financiera” del Estado.

La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia estaría conformada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fue ordenada su creación por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) decidir si mantiene firme la resolución.

Así mismo, existe gran interés por parte del Primer Tribunal de investigar a la Policía Federal, al Ejército y a la Marina por “actos de tortura y uno de ejecución extraoficial”, además de detención arbitraria y retención ilegal. Ante esto, las unidades jurídicas de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa presentaron un documento en el que reprochan la facultad que se le da a la Comisión para investigar a todos los centros de detención, y concluyen que dicho resolutivo daña la imagen de las instituciones castrenses