Auditorías confirman: Compadre de EPN gana licitaciones sin merecerlo

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Las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, de la familia San Román, ganaron licitaciones sin cumplir los requisitos de ley e incurrieron en irregularidades administrativas y económicas, concluyeron auditorías ordenadas por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), al inicio del escándalo por conflicto de interés en que incurrió Enrique Peña Nieto, pero nunca se hicieron públicas.

Luego de la publicación del reportaje la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el diario The Wall Street Journal informó que Enrique Peña Nieto compró una casa de descanso en Ixtapan de la Sal a la familia San Román, al inicio de su administración como gobernador del Estado de México, en 2005. 

Durante ese sexenio (2005-2011) “el negocio se disparó” para las empresas de la familia, pues ganaron contratos por más de 107 millones de dólares en licitaciones que se repartieron por todo el estado, informó el diario estadounidense.

Este equipo de trabajo informó que hasta enero de 2015, ya con Enrique Peña Nieto como Presidente, las empresas acumularon 13 contratos con el gobierno federal por alrededor de 596 millones de pesos.

En entrevista para Grupo Imagen, Gerardo Ruiz Esparza informó que solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una auditoría sobre esos contratos, porque “estoy cierto que no hay ninguna irregularidad”.

Nunca se supo el contenido de esas auditorías, hasta ahora.

Esta polémica se sumó a la que ya atravesaba el presidente Enrique Peña Nieto por vivir en una casa propiedad de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, una de las empresas ganadoras del Tren México-Querétaro junto con el consorcio encabezado por firmas paraestatales chinas.

El principal accionista de las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan es Roberto San Román Dunne, hijo de Gilberto San Román Widerkehr, quien es a su vez es padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del presidente Peña Nieto.

En octubre de 2016,se documentó que una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 millones de dólares y en México se pagaron 485 millones de dólares. Los recursos fueron entregados por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

SEXENIO DE IRREGULARIDADES

Las constructoras de la familia San Román también han estado bajo la mirada de auditores federales.

El consorcio de los San Román fue una de las siete empresas contratistas encargadas de materializar el compromiso presidencial número 92, correspondiente a la ampliación del Paseo de la República en Querétaro, que tuvo un costo de mil 350 millones de pesos, según la página de Transparencia Presupuestaria.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones a la obra por 104 millones 177 mil pesos (correspondientes a las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016).

Debido a las irregularidades detectadas y el posible conflicto de interés con Enrique Peña Nieto, en 2016 diputados del PAN promovieron un exhorto al Presidente para que informara los detalles de la obra, pero fueron frenados por la mayoría del PRI.

Sobre esta obra, las empresas de San Román recibieron observaciones por 23 millones 940 mil pesos, por  “obra pagada no ejecutada”, materiales de otra calidad a los solicitados o que no fueron verificados, gastos no comprobados, entre otras irregularidades.

Las empresas del compadre de Peña Nieto no volvieron a recibir más licitaciones desde principios de 2015, pero aún faltaría auditar el resto de contratos por 596 millones.